Lo peor es que, lamentablemente, esa humillación no cesará. Tal certeza está íntimamente conectada a la reacción de las autoridades responsables por la seguridad pública del país. El discurso, por desgracia, es el mismo que ya hemos escuchado en otras ocasiones, cuando la bulla generalizada atentaba contra São Paulo. Del Congreso, los eternos oportunistas de guardia se reúnen para votar leyes “más duras”; la novedad es que, ahora, ese discurso provino del Presidente de la República.

Como siempre, los políticos y autoridades no se ponen a pensar en soluciones reales. Prefieren el discurso fácil y demagogo que, infelizmente, le gusta a la mayoría de nuestra población. Hasta el latiguillo es el mismo: “tolerancia cero”, o mejor, “plan de tolerancia cero”: aumento de penas, nuevos crímenes y “disminución de privilegios” otorgados a los condenados.  Hace 20 años que es así, y lo peor es que, con estas medidas, todo esto se repetirá en los próximos 20 años.

Enfrentar al crimen organizado y a la desorganización de las prisiones da mucho trabajo y no se resuelve con entrevistas de las autoridades, ni con medidas “más duras”. Implica la creación de un plan de política criminal, la elaboración de estrategias de lucha contra el crimen organizado, la asignación de recursos para esta lucha, la construcción de nuevas prisiones y la elaboración de un plan que tenga como objetivo terminar con las escuelas de criminalidad en las que se han transformado las prisiones, sin mencionar las medidas obvias relacionadas a la educación, el trabajo, la inversión social, etc.

La Sociología nos enseña que la ley es tan solo uno de los mecanismos de control social, junto a la educación, la religión, la moral, las condiciones mínimas de ciudadanía, entre otras. Jamás se podrá solucionar el problema de manera aislada. Hablar, ahora, sobre la mejora de las condiciones de las prisiones, con alternativas inteligentes para poner fin a la verdadera fábrica de delincuentes es ser acusado de defender los “derechos humanos de los delincuentes”, como si los derechos humanos (sí, del ser humano) pudiesen dividirse en categorías.

No hay – ni nunca la hubo – una verdadera política criminal con el objetivo de reducir la criminalidad. Más allá de que la violencia sea una de las principales preocupaciones de la sociedad, los gobiernos no tienen una estrategia para tratar el problema en los próximos cinco años. Vivimos de la improvisación, del discurso fácil, de la más completa ignorancia sobre el tema.

Tampoco hay – ni nunca la hubo – una acción conjunta de las policías federales y provinciales con el fin de atacar al tráfico de estupefacientes, el contrabando de armas y el crimen organizado.

La policía federal, bajo la falsa premisa de que el tráfico de estupefacientes es de competencia provincial (como si el suministro no sucediera a través del tráfico internacional), delega la lucha a las policías provinciales, y se limita, en la gran mayoría de las veces, a arrestar traficantes en aeropuertos. Mientras tanto, los federales se ocupan de invadir empresas, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal, la evasión de divisas, la corrupción. En otras palabras, la prioridad ha sido proteger el tesoro público. Realmente, es mucho más fácil invadir Daslu que luchar contra el tráfico y el crimen organizado, causando el PCC.

La protección del tesoro público, la lucha contra el fraude y la corrupción, son medidas fundamentales, pero no pueden presentarse como las únicas prioridades, dejando de lado al PCC, al Comando Vermelho y al Tercer Comando. Necesitamos, realmente, de una lucha eficaz contra estas organizaciones criminales.

Es conocido el hecho de que la Policía Federal posee un verdadero aparato para hacer escuchas telefónicas, es aterrador que sólo después de la crisis instalada en São Paulo dichos aparatos se hayan puesto a disposición de la Policía Provincial para escuchar los planes de los criminales. Estaremos a la espera, entonces, de la “operación PCC”, la “operación Comando Vermelho”, acompañadas de la presentación efectiva de un plan de lucha contra la criminalidad que esté bien lejos de la, aislada, elaboración de leyes.

Necesitamos, finalmente, un análisis frío de los acontecimientos seguido de una estrategia inteligente, de un presupuesto que posibilite una profunda investigación sobre el crimen organizado. Como todo esto se sabe y nunca ha sido ni siquiera considerado, es posible afirmar que, realmente, lo peor está por venir.